A lo largo de este mes de marzo, el Gobierno norteamericano decidirá si coloca a España en la lista de los países más piratas del mundo, lista en la que ya hemos estado varias veces en el pasado, y de la que salimos hace dos años tras la llegada del gobierno popular, gracias a las positivas perspectivas que supusieron las primeras leyes a favor del mercado legal que aprobaron Rajoy y sus ministros en una de sus primeras reuniones.

Sin embargo, tras más de dos años de gobernanza del Partido Popular, las cosas no solo no han mejorado sino que han empeorado, como lo demostrarán los datos que aportará el próximo Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, que según ha sabido tmv los hará públicos la Coalición de Creadores también durante este mes.

Y lo más peregrino del caso: nuestra inclusión en la 301 podría ocurrir en los momentos precisos en que se encuentran en las Cortes dos leyes que podrían cambiar la desgobernanza en internet a favor de los propietarios de derechos de autor: el Código Penal y la Ley de Propiedad Intelectual (sin olvidar la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también está pendiente).

Pero como piensan la mayoría de los profesionales del mercado audiovisual, y resume en la siguiente declaración el responsable de una editora que lleva peleando con la piratería digital más de 8 años: “La solución no pasa porque haya leyes en debate parlamentario, ni porque estas se aprueben, incluso en beneficio nuestro, sino que lo crucial es que se puedan aplicar y se apliquen lo más rápidamente posible”.

“Pero ya sabemos –sigue diciéndonos– que este Gobierno, hasta el presente, no ha aplicado nada, ni siquiera la LES, que él mismo aprobó  y podía haber sido nuestra salvación: ni la LES ni su aplicación a través de la Comisión de Propiedad Intelectual ha materializado”.

Tal vez por ello, la IIPA (la International Intellectual Property Alliance) recomendó el pasado mes de febrero al Office of the United States Trades Representative (USTR) que, en caso de no colocarnos en la 301 de primeras, realice una estrecha vigilancia a España fuera del ciclo normal (anual) que hace habitualmente, de tal manera que ante el menor indicio de que el derecho de autor no mejore notablemente, en cualquier momento de 2014 podría incluir a nuestro país en la Lista Especial.

El informe que la IIPA hace sobre España y que ha enviado al USTR, es demoledor. En su resumen ejecutivo reconoce, sin embargo, que “Los políticos españoles han desarrollado un conjunto de importantes reformas como la Ley de la Propiedad Intelectual, el Código Penal y el Código de Procedimiento Civil. Muchos de estos cambios, en caso de adoptarse y puestos en práctica de manera efectiva, podrían acabar con las lagunas que durante años han impedido a las autoridades policiales y a los titulares de derechos de autor, tomar medidas significativas contra la piratería digital y la piratería de “software” para el usuario final”.

Sin embargo, a renglón seguido afirma también: “A pesar de estos evidentes esfuerzos, la ley aún está pendiente de reformas en el Parlamento y no es probable que entre en vigor hasta finales de 2014. Mientras tanto, el mercado negro de los derechos de autor sigue creciendo y evolucionando en internet, y su defensa, tanto desde el punto de vista administrativo como  penal, permanecen en punto muerto”.

Y no acaba ahí, pues carga en particular contra la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), a la que acusa de “Ser extremadamente lenta ante las quejas de los titulares de derechos. Incluso la policía, los fiscales y los  jueces de España –señala el Informe de la IIPA–, culpan a la carencia de leyes como la razón última de su falta de acción contra los piratas y vendedores de dispositivos de descarga”.

Y aunque solicita que la promulgación de las reformas legales necesarias se aceleren y que su posterior aplicación sea completa y eficaz, “España –afirma– dispone ya de las herramientas legales necesarias para tomar acciones rápidas y de disuasión contra la piratería online”.

Gerard Carbó, propietario del videoclub Video 27 de Girona, reflexiona sobre estas palabras y nos dice lo siguiente: “Es curioso que el gobierno de Mariano Rajoy haya conseguido del gobierno de EE. UU. tres años de margen (2012, 2013 y 2014) para no entrar en la lista negra, cuando están siendo los años en que más se ha extendido la piratería y , por lo tanto, en los que más se ha arruinado a la industria legal de cultura y ocio. Es un hecho que hasta la fecha de hoy no ha entrado en vigor ninguna reforma legislativa para frenar con efectividad las webs piratas”.

Sin embargo, en el gobierno español se cree que la USTR no va a colocarnos de entrada en la 301, basándose precisamente en el hecho de que las leyes que devolverán el mercado ilegal a los propietarios de derechos de autor y a sus representantes, se encuentran a la espera de que sean debatidas y aprobadas por nuestro parlamento en estos momentos. Aunque es verdad que existe el temor de que ese organismo decida hacer caso a la IIPA y “no se deje engañar una vez más” (como nos dice Carbó) por las promesas incumplidas.

En Promusicae, son partidarios de que nos coloquen en ella ya, pues las pérdidas del sector musical son multimillonarias, igual que en el del cine, videojuegos y, ahora, el libro. Nuestro mercado, por voz de FAP, ha criticado duramente en más de una ocasión en nuestra revista la falta de coraje del gobierno español por aplicar las leyes ya existentes y, en particular, la ineficacia de la CPI. Pero sigue manteniendo un hálito de esperanza en que las cosas cambien en los próximos meses tras la aprobación del Código Penal y la Ley de Propiedad Intelectual.

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, aunque en nuestro mercado y en los otros afectados por las descargas ilegales, decenas de miles de puestos de trabajo se han perdido desde que comenzó esta práctica tan nociva para la industria en general. La propia  IIPA lo reconoce: “En marcado contraste con muchos de sus vecinos de Europa Occidental –señala en su Informe–, España sufre de altas tasas de piratería digital en todos los sectores (música, cine, videojuegos, software y libros”.

“El valor total de estos contenidos –sigue diciendo–, si se tuviera que indemnizar a los titulares de derechos, sería enorme”. Y se basa para ello en la encuesta de 2013 realizada por GfK y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, conocida como Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales (ver las cifras en nuestro tmv 215).

El IIPA se escandaliza al comprobar que en 2012, los usuarios de España accedieron a 2.118,3 millones de descargas musicales  ilegales por valor (por lo tanto pérdidas) de 6.948,8 millones de ���; a 536,2 millones de películas descargadas por un coste de 3.382,2 millones de €; a 268,2 millones de videojuegos ilegales, por valor de 4.332 millones de €; y a 226,9 millones de descargas de libros que suponían un importe de 585,6 millones de €.

Lo que no sabemos es cuanto grados más de escandalosas cifras podrá aguantar la International Intellectual Property Alliance cuando conozca los datos de la próxima encuesta de GFK-Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la cual, insistimos, según nuestras fuentes, podemos adelantar que van a ser peores que los de 2012.

La realidad más sangrante es que el Ministerio de Cultura, con más de media legislatura de su mandato ya cumplida, como dice Gerard Carbó, no ha hecho nada para reducir la piratería. Las expectativas creadas a principios de 2012 por José Ignacio Wert, Ministro de Cultura, se han evaporizado con el paso de los meses e, incluso, años (dos y medio).

A mitad de 2013 nos encontramos con un Wert escurridizo que ha hecho enemigos en todos los sectores de la industria audiovisual: desde el cine a la música, pasando por el videojuego, el libro y, últimamente, hasta la industria editorial se le ha enfrentado por la misma cuestión: no sentirse defendidos por su ministerio (ni el de Industria) contra las descargas ilegales que en su caso les vienen desde Google.

Y con esa falta de confianza del sector se despiertan todas las mañanas sus dos más directos colaboradores: el Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle y la Directora del ICAA, Susana de la Sierra, tan incapaces y torpes como su Jefe. Y no lo decimos solo nosotros, sino que lo señala el IIPA (además, como amenaza) y toda la industria en general.

“El informe del IIPA –afirma Gerard Carbó–, vuelve a poner el dedo en la llaga otro año más, y de nuevo se incide en los altísimos niveles de piratería que existen en España, en la ineficacia de los organismos creados para combatirla y en las muchas promesas de modificaciones legislativas del gobierno, que se eternizan en sus trámites burocráticos”.

“Sólo hace falta ver las inmensas cantidades de euros –estamos hablando de miles de millones–, que se dejan de ingresar al no pagar ningún tipo de derecho a los creadores o a la industria: sólo cobrando un 10 % de los mismos, serviría para crear decenas de miles de nuevos puestos de trabajo y evitaría más cierres de empresas, bajas de autónomos o despidos de empleados, así como también un importante aumento en la recaudación de impuestos”.

“Las recomendaciones del IIPA –sigue diciéndonos– son también acertadas en su crítica a la ineficacia de la Comisión de Propiedad Intelectual. Como ya se viene diciendo, haría falta una especie de Fiscal Antipiratería que coordinara las acciones contra los piratas, tanto a nivel nacional como contra los existentes en otras localizaciones geográficas. No olvidemos que se crean páginas web de enlaces piratas en muchas partes del mundo que afectan a España, como por ejemplo “Series.Ly”, una página organizada por españoles, dirigida al mercado español, pero con un dominio extranjero (de Libia en el presente caso), aprovechando el caos existente en dicho país para evitar cualquier medida contra ellos”.

Para nuestro profesional, “El gran mérito del gobierno de Rajoy ha sido, con las promesas efectuadas a Obama en los últimos dos años y medio, evitar que España entrara en la lista Special 301, cuando realmente han sido los años en que más se ha expandido la piratería en internet y, por supuesto, en los que más se ha arruinado la industria de la Cultura y el ocio en nuestro país”.

“Ahora –añade– a esperar si desde el gobierno se hacen caso de las recomendaciones señaladas y si se agilizan los trámites para que entren en vigor las reformas legislativas, que en tantas ocasiones nos han prometido. A ver si con amenazas económicas por parte de EE.UU. –concluye– se consigue que el gobierno se tome en serio poner freno a la piratería que tanto daño nos está haciendo”.

Por la IIPA que no quede. En su informe-recomendación del pasado mes de febrero al que nos venimos refiriendo, se dice algo tan contundente como que “España se ha convertido en un lugar “increasing” para la actividad ilícita de productos de los miembros de la Entertainment Software Association (ESA). Y señala que en 2013 España ocupó el quinto lugar en el mundo en número de conexiones realizadas “peer-to-peer” (P2P) por internautas que participan en el intercambio de archivos no autorizados de títulos de la ESA”.

Y avisa del “Efecto dominó que nuestro país tiene respecto a la música, las películas, los videojuegos, el “software” profesional y la edición de libros, para los mercados de Hispanoamérica, donde proliferan numerosos productos digitales de todo tipo, procedente de las fuentes de la piratería española”. Aunque para encontrar producto no autorizado por sus propietarios, no hace falta irse a las webs ilegales. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, basta con entrar en YouTube, el portal de Google, para bajase lo último de la cartelera.