Al cierre de nuestra revista finalizaba el último plazo que la Comisión del Congreso encargada de estudiar y debatir la Ley de Propiedad Intelectual, se había fijado para presentar enmiendas antes de enviar el texto definitivo al Senado. Por lo que tmv ha podido saber, los grupos socialista y Convergencia habrían presentado enmiendas al texto original del Gobierno en la línea de lo argumentado por el Tribunal Constitucional. Por el contrario, el grupo popular, presionado por las autoridades del Ministerio de Industria, encabezadas por Víctor Calvo Sotelo, Secretario de Estado de Telecomunicaciones, habría intentado dejar el texto casi de la misma manera a como lo redactó el Gobierno, es decir sin tener en cuenta las recomendaciones del citado alto tribunal.
Como se pueden imaginar, la industria cultural se encuentra alarmada por esta actitud del ejecutivo, que en el pasado –y lo sigue haciendo en el presente– había reiterado de palabra, y en numerosas ocasiones, que la LPI aprobada por el Congreso será la herramienta que sirva para expulsar a los piratas de nuestras IP. Sin embargo, el texto que probablemente vaya al Senado, a finales del mes de julio, será el que beneficie los intereses de las industrias de telefonía e internet que ampara el Ministerio de Industria. No obstante, fuentes de la Coalición han subrayado a nuestra revista que esperan que el Gobierno actúe en la línea de ese amplio consenso que ha pedido su propio Presidente. Y ese consenso se demostraría admitiendo las enmiendas del PSOE y CIU.
“A nosotros nos gustaría –nos han dicho esas fuentes– que con esta ley mejorara la eficacia de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) y sirviera para cerrar webs piratas, como está ocurriendo en Italia, donde los jueces han clausurado en tres meses cuatro webs. Creemos que esta es la forma idónea de acabar pronto con la piratería: tomándose las cosas en serio. Como se las toman en Francia, Alemania, el Reino Unido y en otros países europeos. Esperemos que también aquí nos dejemos de “buenismos” y de contemplar tantas garantías, y vayamos al grano, que es defender la propiedad intelectual”.
Sin embargo, será difícil parecernos a ellos, sobre todo en los procedimientos judiciales, ya que incluso si se aprobara la LPI con las enmiendas del PSOE y CIU, los jueces españoles estarían limitados por las dos actuaciones judiciales que exige el procedimiento administrativo: una “flor” del garantismo exigido hace un año por el PP para cerrar las webs. Pero aun peor sería que no se tuvieran en cuenta las enmiendas citadas y el Gobierno se inclinara por las exigencias de las empresas de telecomunicación que defiende el Ministerio de Industria. La Coalición no piensa que esto vaya a suceder, aunque la experiencia del pasado les lleve a recordar los bandazos del ejecutivo en el tema de la propiedad intelectual.
Cualquier cosa puede suceder. Ahora mismo, la LPI está lista para entrar en el Senado, que lo hará a finales de mes o principios de agosto, un mes inactivo porque sus Señorías están de vacaciones. Así que empezarán a estudiarla en septiembre. En teoría, en el Senado no tiene por qué estar más de un mes (como mucho dos). Así que si se cumplen los plazos y no hay sorpresas de última hora, volvería al Congreso en octubre o noviembre, lista para que en uno de sus plenos se apruebe definitivamente. ¿Antes de finales de año? “Esperamos que sí. Lo contrario sería una catástrofe”, nos dice nuestra fuente. Y añade: “Para nosotros, el tiempo y el plazo son un valor importante. Muchos se han quedado en el camino, y eso ya no tiene remedio. Pero si, finalmente, el texto que conseguimos que se apruebe es bueno, los que aún quedan se salvarán”.
Y eso será posible si los procedimientos judiciales son rápidos. Si la LPI, al final, permite a un juez retirar las 4.000 películas piratas enlazadas a su web, o da su autorización para que se bloquee el acceso de sus usuarios, habremos dado un salto importante en la erradicación de la piratería en España. Ya se ha dado otro paso, igualmente muy importante, estos años atrás: la mentalización de la mayoría de los jueces en el sentido de entender que la descarga de una película por enlace desde una página web que no tiene los derechos de la película, es un delito. Lo hemos podido comprobar en las recientes sentencias judiciales de las audiencias de Cartagena, Alicante, Vizcaya o Guipúzcoa, de las que hemos dado cuenta en nuestras páginas en ediciones anteriores.
Para rizar el rizo, faltaría retirar la circular de enero de 2006 del entonces Fiscal General del Estado Conde-Pumpido, que dice que “las descargas no son delito”, circular en la que se han basado todos estos años los fiscales para oponerse en los tribunales a las demandas de los representantes de los autores. Pero también esto parece que va a cambiar, pues según dijo recientemente el actual Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, está en marcha la preparación de una nueva circular que se adaptaría al nuevo texto del Código Penal pendiente de aprobar.
Mientras tanto, los fiscales ya han recibido instrucciones para perseguir la infracción de la propiedad intelectual en internet en la línea de las demandas de los propietarios de los derechos. En este cambio de rumbo de la fiscalía, han tenido mucho que ver tanto las sentencias de las audiencias antes citadas, como las emitidas por el Tribunal de Justicia Europeo respecto a los casos Svenson (ver tmv 226) y Kino.to (tmv 227). La seguridad jurídica, por lo tanto, para el mercado audiovisual empieza a despejarse.
¿Tienen las webs piratas los días (digamos meses) contados en España? Si hacemos caso de todas estas buenas noticias (y dando por hecho que habrá consenso entre partidos en la LPI), es posible que el camino para esa erradicación de “parásitos” de la red empiece antes de la llegada de Navidades.
De desarrollarse así las cosas, la solución quedaría en el tejado de la CPI, piedra angular para que la LPI sea eficaz para los jueces. Precisamente, de su mejora en la resolución de las denuncias que le presenten los diversos sectores afectados por el robo de derechos de autor, dependerá su eficacia y, con ella, el comienzo de un nuevo escenario para la industria audiovisual. Lamentablemente, desde el inicio de su andadura, en marzo de 2012, esa eficacia ha sido nula. Pero la LPI puede hacerla cambiar.
Además, habrá que contar con otra reforma, incluida igualmente en la LPI: la del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la cual permitiría a un juez solicitar a un prestador de servicios de internet los datos de un presunto infractor, sin más requisito que vulnerar la propiedad intelectual. Hoy por hoy, la ley, exige que la información sea sobre infractores que realicen una actividad comercial.
Pero como los piratas no suelen estar inscritos en el Registro Mercantil, ni constan como empresas comerciales, ningún juez puede solicitar a ningún prestador de servicios esa información. La reforma permitiría que se inicien acciones civiles contra una IP desde la que se ha subido un contenido no autorizado.
Esto es muy importante, pues a través del procedimiento civil, y como parte de las medidas cautelares que deben adoptarse en un plazo corto (normalmente un mes), los jueces podrían actuar contra cualquier persona física que estuviese detrás de una IP pirata. Así se acabaría con la impunidad de internet. Todo esto depende de que sus Señorías aprueben en septiembre-octubre próximos, la Ley de Propiedad Intelectual que conseguiría, por fin, darle las alas que ahora no tiene a la Comisión de Propiedad Intelectual. Como ven, todo orbita sobre propiedades intelectuales, pero protegidas como Dios manda.
