El 24 de agosto de 1984 nacía la Federación Antipiratería, conocida igualmente por sus siglas de FAP. En dos meses se cumplirán, por lo tanto, sus primeros 30 años de vida. En aquella fecha, diversas asociaciones cinematográficas y videográficas (ADICAN, ADIVAN, MPEAA, APSOVAM, UVE) elaboraban y aprobaban sus estatutos, y nombraban a Alberto Galtés (que sería luego Director General de CIC-RCA Columbia) su primer Presidente. Antonio Recoder, presidente de ADICAN y verdadero generador en la sombra de la gestión de esta alianza, era nombrado Secretario General.
También desde aquel agosto de 1984 se encontraba entre los integrantes de FAP, un joven José Manuel Tourné de 26 años, recién salido de la madrileña Facultad de Derecho, contratado por Recoder para organizar el cuerpo técnico de FAP. Tourné es desde 1989 el Director General de la Federación, y como tal o en cualquiera de sus cargos precedentes es, sin duda, el mejor testigo de lo que FAP ha dado de sí en estos 30 años.
Tres décadas en los que un formato, primero analógico, después digital y ahora transmitido por internet, ha permitido dar el salto a la película desde las salas de cine a los hogares. Y con él, desarrollar el negocio de la producción cinematográfico a niveles nunca antes soñados por los propietarios de derechos audiovisuales.
Pero también, y seguramente por ello (es decir, por ese suculento negocio legal que multiplicó los beneficios de quienes invertían en películas), desde el mismísimo nacimiento del vídeo apareció un parásito –la piratería– que ha ido creciendo en estos 30 años hasta hacerse tan dañino para el cuerpo de ese negocio cinematográfico, como el SIDA para el cuerpo humano. Y ahí ha estado siempre FAP, en una lucha sin cuartel que ha le ha permitido ganar batallas y perder otras, permitiendo que la industria legal pudiera seguir creciendo y ofreciendo cine legal a los hogares.
30 años en los que, desgraciadamente, la piratería se ha ido regenerando, como el virus que muta y se hace más poderoso, con el nacimiento de nuevos formatos de visionado de películas. Hasta llegar al momento actual, en los que, con internet, el mercado videográfico ha superado la devastación sufrida en años anteriores por culpa de sistemas como el repicado, el “paralelo”, el vídeo comunitario, los mercadillos, el mantero o los mochileros. FAP lleva ya más de 6 años comprometida en esta otra batalla, la más dura quizá que haya peleado en estos 30 años, contra las descargas ilegales.
Pero primero tocó acabar con la piratería en los videoclubs y las distribuidoras que llevaban en sus catálogos todo el cine de las Majors sin haber pagado por él. Los primeros diez años de FAP, con Antonio Recoder al frente, consistió en limpiar el mercado videográfico de esta primigenia piratería. Y se empezó por convencer al primer Gobierno del PSOE de aquel periodo de lo nocivo de la plaga (entonces ya lo era). Y para ello se utilizó la fuerza y el carisma que tenía un ex Ministro del Interior de UCD, Juan José Rosón, quien tuvo la presidencia de honor de FAP durante este primer año.
De estos esfuerzos surgió el Real Decreto que en septiembre de 1983 promulgó el gobierno, por el cual se obligaba al distribuidor a registrar sus películas en el Ministerio de Cultura y a someterse a unos requisitos para poder estrenarlas en salas. Sobre esta base, y tras las múltiples denuncias que se habían presentado en esas fechas, el Tribunal Supremo sentenciaba que la piratería era un delito “Cometido a nivel nacional y mueve un volumen económico enorme”. Ese pronunciamiento se traducía, a su vez, en la creación de un Juzgado Especial en la Audiencia Nacional que se ocuparía de todos los delitos de piratería audiovisual en España.
Los diez años siguientes fueron cruciales para acabar con esta piratería realizada por videoclubs y compañías. En 1994, Antonio Recoder nos decía: “En estos últimos años, la piratería en España se mueve en dos sectores distintos: el primero es el de los videojuegos y el segundo el que nosotros llamamos comunicación pública no autorizada de películas. Pero consideramos que la piratería del videoclub es hoy prácticamente testimonial”.
Veinte años después, el videoclub sigue limpio, pero la piratería a la que se enfrenta junto a sus nuevos competidores lícitos de VOD, es mucho más feroz: la de las descargas ilegales. Curiosamente podía ocurrir que este treinta aniversario coincidiera con la finalización de la tramitación parlamentaria del anteproyecto de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y del Código Penal (CP), ambos en el Congreso, y a punto (al menos el primero) de ser aprobados, y con ello, si se aplicasen, iniciarse el final de las descargas ilegales a través de las webs piratas que las reparten por los hogares de millones de españoles.
Sería un magnífico regalo de cumpleaños, le decimos a este José Manuel Tourné de 56 años, actual Secretario General de FAP: “Si se aprobara como nosotros deseamos la LPI –nos contesta–, sería un extraordinario regalo de cumpleaños. Y no solo la aprobación de la reforma de la LPI, que permitiría mejorar la actividad de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), sino que a la vez se aprobaría la reforma del Código Penal y, concretamente, la de los artículos 270 y 271 que permiten perseguir la defraudación de la propiedad intelectual en internet con unas herramientas más actualizadas. En efecto, sería un inmejorable regalo”.
El papel de este ejecutivo de bien probada eficacia, paciente y riguroso en los objetivos a lograr en cada momento de esta batalla contra un enemigo que ha degenerado constantemente, adaptándose a cualquier forma de piratería que se inventara, ha sido siempre indiscutiblemente eficaz.
Y a pesar de las experiencias dulces y amargas de estos dos últimos años con el Gobierno del PP (predispuesto inicialmente a terminar con la piratería, pero incompetente y desafecto a sus promesas en su etapa siguiente), mantiene su esperanza en las leyes que están ahora mismo en el Parlamento. “Es un regalo que puede llegar –afirma–, pues coinciden en tiempo y su trámite está avanzando; por fechas podría coincidir que en octubre o noviembre tuviéramos esas dos leyes aprobadas”.
“Y serían dos buenas leyes –sigue diciéndonos– si los textos legales recogen, ya no digo nuestras sugerencias, sino las que recomendó el Consejo de Estado. Y lo serán porque no acogen íntegramente lo que reclaman los titulares de derechos de propiedad intelectual, sino que recogen todo: parte de lo que reclamamos nosotros, de lo que reclaman los internautas y lo que reclaman las empresas de telecomunicaciones. Si fuera así, creo que finalmente puede haber un buen texto que satisfaga a todos”.
José Manuel Tourné guarda en la memoria todo lo ocurrido en estos 30 años de FAP. No puede olvidar a Antonio Recoder: “Me acuerdo que lo vi por primera vez en 1983. Había terminado mi carrera de Derecho y estaba buscando trabajo, después de estar unos meses en Londres para perfeccionar mi inglés. Yo le había dejado un curriculum, y le había vuelto a visitar en febrero de 1984. Y en junio me llamó para crear FAP”.
Fue nombrado Director Gerente de la Federación. “Como tal tuve que poner en marcha la actividad propia de FAP, que va a consistir en investigar, perseguir judicialmente la piratería, generar comunicados y, sobre todo, aprender, porque estamos hablando de un “chavalín de pantalón corto” que en 1984 tenía 25 años, recién salido de la universidad y poco más”.
“Tuve la suerte de contar, a propuesta de Rosón, con dos comisarios semi jubilados que van a formar el primer equipo de investigación de FAP, Carlos Anechina Checa y Gabriel García Gallego, dos hombres de probada experiencia, súper serios que supieron enseñarnos la forma de denunciar la piratería. Algo vital y fundamental en aquellos momentos”.
“Fue una gran suerte –sigue diciéndonos– contar desde el principio con personas tan experimentadas y tan eficaces; profesionalmente hablando, resultó esencial para los objetivos que nos habíamos marcado en FAP. Y así empezamos a ponernos en contacto con los videoclubs que, inicialmente, eran el “enemigo”, aunque enseguida nos dimos cuenta que había videoclubs profesionales que estaban de nuestro lado, y querían quitar del medio la competencia desleal de los videoclubs piratas”.
A finales de la década de los ochenta, había tres tipos de piratería. La primera era la que se hacía con unos aparatos llamados telecines. “En aquellos momentos –nos dice Tourné–, el problema fundamental radicaba en que las películas se estrenaban en las salas y alguien se dedicaba a copiarlas en las cabinas con una especia de telecineado extraño, proyectado a veces contra una carpeta abierta en dos mitades que servía de pantalla. Y esas películas, luego, se alquilaban en muchos videoclubs, ofreciéndose a los usuarios por debajo del mostrador”.
También se copiaban de los formatos cinematográficos caseros existentes en la época (principalmente el Súper 8 y el 16 mm.) “Había distribuidoras que se presentaban como titulares legítimos de catálogos de películas pertenecientes a las Major o a otras compañías independientes norteamericanas o europeas. Eran las distribuidoras piratas como Perera Import, Long Video y una serie de empresas que fueron condenados por sustraerlas, copiarlas sin permiso de sus dueños y venderlas en el mercado, donde había una enorme demanda que les facilitaba las cosas”.
Luego había un segundo método: el repicado, que consistía en comprar una copia original, de la que se sacaban varias dentro del propio videoclub. “Este era el menos difundido –asegura el entonces Director Gerente de FAP–, aunque al final fue el que más se extendió por todo el mercado. Y por último, el tercer sistema, el que llamaban “las paralelas”, falsificaciones muy bien hechas. Falsificaban incluso los estuches de plástico, con el logo de las compañías propietarias”.
“Para erradicar esta práctica contamos con la colaboración de la Federación Española de Asociaciones de Videoclubs (FEAV). Aunque algunos de sus socios habían sido sorprendidos con películas piratas, abandonaron la práctica a condición de que, como es lógico, no las tuvieran los demás, pues la competencia debía ser leal entre todos”.
A los que quisieron adaptarse a esa reconversión, FAP les concedió una corta bula (durante los años 1984/85), pero el resto de videoclubs comenzaron a ser perseguidos. Y la FEAV empezó a exigir que todas las tiendas fueran legales. “Así surgió –nos dice Tourné– la maravillosa profesionalidad de muchos dueños de videoclubs que demostraron que el sector podía ser limpio y serio, así como generar un negocio beneficioso para todos. Poco a poco fueron desapareciendo los videoclubs piratas, por sí mismos o forzados por una intervención policial”.
“En la lucha contra la piratería siempre ha habido muchos pasos adelante y alguno hacia atrás, pues siempre había un juez que no acababa de entender que cualquiera de los métodos que se utilizaban, infringiendo los derechos de autor, fuera delito, Por eso tuvimos muchos reveses judiciales. Pero seguíamos adelante y luchando contra nuevos retos que se mantienen hasta hoy mismo”.
¿España es muy pirata? le preguntamos a Tourné. Sí –nos contesta–, España es muy pirata. Porque no ha habido desde hace muchos años conciencia y educación en el respeto a la propiedad intelectual. Se han perdido muchos valores en nuestro país a lo largo de los últimos años, y ese es uno de ellos. Ya no solo son la música o el cine lo que se piratea, sino que se piratean los libros, los periódicos, los videojuegos. Se piratea todo lo que pueda descargarse libremente desde un internet no regulado por leyes que defiendan los derechos de autor”.
En una entrevista que le hicimos en abril de 1991 a Antonio Recoder, ya decía que la piratería era un acto vergonzante en nuestro país. “La obra cinematográfica, la película, es un producto industrial muy caro. Su realización requiere una infraestructura compleja y una financiación adecuada, casi siempre muy alta. Su costo fluctúa entre los 150 millones de pesetas de media de una película española y los 10 millones de la norteamericana”.
“La financiación de la industria de producción –seguía diciéndonos– está organizada desde el Estado (caso español), desde los bancos (caso USA) o mediante la combinación de ambos (Francia, Italia, etc.). En cualquier caso, quien financia espera recuperar su inversión Si fracasa en su empeño, se cansa, cierra el grifo y se acaba el cine. Esta es una regla con raras excepciones, quizá la del cine español, considerado por el Estado como un producto cultural antes que industrial, por lo que no tiene severas exigencias en cuanto a la recuperación del dinero adelantado al productor”.
También Alberto Galtés, Presidente de FAP, en enero de ese mismo año, y con respecto al “repicado” nos decía lo siguiente: “Se dice que la piratería es algo congénito con el negocio del vídeo. Se ha afirmado incluso que la piratería ayudó a expandir esta industria en sus comienzos. Pero tal afirmación se refería a una piratería inicial que ignoraba las leyes de la propiedad intelectual, entonces sumergidas en una laguna profunda. Pero el vulgar “repicado” ni ha contribuido ni contribuirá jamás al desarrollo del sector. Al contrario, ayudará a hundirlo si no se acaba con él”.
Hace 23 años que Galtés se refería a “las leyes de la propiedad intelectual, entonces sumergidas en una laguna profunda”. Hoy siguen estando en una laguna parecida, después de haber dejado atrás al repicado, las “paralelas”, el vídeo comunitario, los manteros y los mochileros. Una laguna gracias a la cual se benefician ahora la piratería de internet, las descargas ilegales.
30 años después FAP sigue teniendo trabajo, más que en ninguna época, Y lo peor de todo, la piratería actual es más peligrosa, más dañina que ninguna otra porque ataca a uno de los centros neurálgicos de nuestro sistema económico: la Industria Cultural. Tal vez acabemos con ella si sus Señorías aceptan las recomendaciones del Consejo de Estado. Tal vez así, FAP reciba ese maravilloso regalo de cumpleaños.
