El pasado 14 de febrero, el Consejo de Ministros envió a las Cortes el anteproyecto de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo articulado había sido prácticamente desmantelado por el Consejo de Estado (ver tmv 22). Éste, en efecto, se lo había devuelto en enero pasado diciendo que el texto que le habían mandado no defendía la propiedad intelectual.
Para ello -sin que sus sugerencias sean vinculantes para el Gobierno- le aconsejaba que el texto necesitaba modificaciones para garantizar eficacia en la consecución de los objetivos de la reforma, entre ellos luchar contra la piratería y proporcionar seguridad jurídica al sector de las industrias culturales y creativas.
Pues bien, el texto que finalmente ha enviado al Congreso primero y al Senado después, ha obviado gran parte de las indicaciones del Consejo de Estado, indignando a prácticamente todo el sector de las industrias culturales y creativas. Incluso la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) critica duramente la que ellos llaman “Ley Lassalle”, rechazando el canon digital y reprochando “el cerrojo a internet”.
Es decir, que ha nadie a contentado el texto gubernamental, al que algunos miembros de La Coalición han acusado de defender los intereses de las empresas ubicadas en el sector tecnológico, en detrimento de las que representan a los derechos de autor. En este sentido, todos los implicados en estos derechos, han criticado la falta de decisión del equipo de cultura de este ministerio para defender la propiedad intelectual.
Así que lo que podía haber sido una excelente oportunidad para sacar adelante una ley que defendiese los derechos de autor en el país del mundo donde más pisoteados se encuentran, se ha convertido en lo que un ejecutivo de la industria videográfica ha definido como “Una nueva carrera de obstáculos para lograr, por enésima vez, el objetivo deseado de acabar con la piratería”.
En efecto, toda la industria del entretenimiento piensa que lo que está haciendo este gobierno huele, una vez más, a cachondeo. ¡Más papel para sus Señorías! Como si nuestros congresistas no tuvieran ya suficientes proyectos y estudios legislativos para sacar adelante en lo que queda de legislatura, apenas dos años. Muchos creen, recordando ejemplos del pasado reciente, que tanto la Ley de Propiedad Intelectual como la del Código penal, se atascarán en las Cortes durante los próximos procesos electorales.
Mientras tanto, en Estados Unidos se preparan para lo que ya se imaginan como una nueva “tomadura de pelo” de un gobierno español en materia de propiedad intelectual. Según ha sabido nuestra revista, varios altos cargos de la Administración norteamericana han planteado llevar a España de nuevo a la 301, una lista como se sabe que “premia” a los países más piratas del planeta, con graves consecuencias para ellos, pues lleva implícita recomendaciones para reducir sus exportaciones a Estados Unidos.
Lo sabremos muy pronto, pues a finales de marzo la lista tendrá que ser publicada, como cada año. En todo caso, aunque España se salve de entrar en la lista en el momento de su publicación, podría hacerlo en los meses sucesivos, pues la Alianza
Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), encargada de formalizar la lista, va a mantener a nuestro país en “cuarentena”, es decir que si no cumple de una vez por todas las reiteradas promesas hechas por el Gobierno a las autoridades estadounidenses en los últimos 12 meses, España entraría en la lista en cualquier fecha de 2014. Por cierto, en esta lista de vigilancia también se encontraría Italia, un país donde ha crecido mucho la piratería en los últimos meses.
Mientras tanto, la industria del entretenimiento en España se desangra. O mejor dicho, la están llevando a enterrar por partes. Algún día, cuando se haga un análisis a fondo de lo que viene soportando desde 2000, ninguno de esos analistas entenderá la insensibilidad de los diversos gobiernos por salvar el patrimonio cultural de España, probablemente el de mayor futuro de nuestros bienes empresariales en la Era de Internet.
Nadie entenderá cómo, en una mundo global en el que los pequeños, medianos y grandes negocios se realizan ya entorno a internet, se dejaron caer en España empresas tan seguras, rentables y con tanto porvenir como las del cine, la música o el libro. Claro, la sinrazón no la verán solo en las indecisiones y falta de sensibilidad de esos gobiernos, sino que tampoco entenderán cómo los responsables del sector cultural se dejaron ahogar con promesas de nuevos textos legales que nunca se activaron.
No podrán entender que cientos de webs ilegales dispusieran a diario del todo el cine estrenado cada semana en salas; ni que los videojuegos y la música del momento se pudieran bajar gratuitamente; y que los “bestseller” o cualquier libro perteneciente a un autor contemporáneo, se descargase a decenas de millares desde esas webs o desde el mismísimo Google, reduciendo su venta en las plataformas legales a unos cientos de descargas, y a la venta de unos miles de ejemplares en las librerías, por cierto cada vez más escasas, ya que se están viendo obligadas a cerrar como antes cerraron las tiendas de discos, los videoclubs y, poco a poco, las salas de cine.
¿Podría producirse un milagro? ¿Es posible que el Parlamento antes de septiembre saque adelante estas leyes con el máximo apoyo posible del todo el arco parlamentario, y la industria cultural se salve de ser enterrada por completo? ¿Es factible, verosímil pensar que si eso fuera así, el gobierno habilitaría los cauces necesarios, con urgencia, para que las leyes aprobadas se aplicaran?
La esperanza nunca se pierde, pero estar atados a ella con la experiencia vivida durante los últimos 8 gobiernos, es algo que pocos pueden aguantar. La reciente sentencia (del pasado 13 de febrero) emitida por el Tribunal de Justicia de la UE sobre el llamado Caso Svensson, permite tener mayores esperanzas, ya que se trata de una resolución que aunque no es vinculante para los gobiernos de la UE, reafirma el hecho de que las páginas que facilitan enlaces a otras obras, realizan actos de comunicación pública, y en la medida que el autor haya restringido el acceso a su obra, bien con medidas tecnológicas, bien porque no lo ha autorizado de manera alguna, el enlace sería ilícito (más información en nuestra sección de noticias).
Mientras tanto, en España, las cosas siguen a peor. Los hechos hablan por sí solos: más del 60 por ciento del tejido industrial relacionado con la Cultura ha sido destruido entre 2000 y 2013. La última medición del Observatorio de la Piratería, que se hacía público al cierre de nuestra revista, era demoledora, sobre todo para el libro, que es la última industria cultural susceptible de “ingerirse” a través de los numerosos dispositivos digitales conectados a internet.
¿Cuántas empresas quedarán a finales de 2014 si las leyes se retrasan y el Gobierno no aplica la legislación de que dispone ahora mismo (que es mucha y contundente) a la espera que llegen el Código Penal y la Ley de Propiedad Intelectual? Aunque lo peor no es eso, sino haberse perdido la oportunidad de utilizar el efecto del cierre de Megaupload con los internautas, la mayor parte de los cuales entendieron el daño que ocasionaban las descargas ilegales, estando dispuestos a rectificar y utilizar las plataformas legales, videoclubs y tiendas especializadas para alquilar y comprar películas, videojuegos, música y libros.
José Manuel Tourné, Director General de FAP es uno de los muchos que tienen esperanza de que las cosas se enderecen para nuestro sector (y para la industria cultural al completo), aunque, como todos, tiene la mosca tras de la oreja. Le hemos preguntado por esta ley recién enviada al Parlamento, y esto es lo que nos ha contestado.
“Todavía está lejos de ser una herramienta útil para acabar con las páginas piratas en internet –afirma–. Lamento recurrir siempre a la misma frase, pero está más viva que nunca: las leyes no protegen la propiedad intelectual, la protegen quienes las aplican. Y en este caso, la LPI no es buena porque, precisamente, quienes la tienen que aplicar van a seguir careciendo de los medios y de la infraestructura adecuada –no solo ya desde nuestro punto de vista, los titulares de derechos–, sino desde el punto de vista que les propuso el Consejo de Estado”.
“Lo que pretende teóricamente esta Ley es mejorar a través del Artículo 158 Ter. la actividad de la Sección Segunda de la CPI. Pero para ello es fundamental mejorar su composición, pues después de casi dos años de actividad no ha tenido eficacia alguna, si por eficacia entendemos que se haya reducido la presencia de contenidos no autorizados en la red o se haya reducido el número de páginas piratas. Por el contrario, sigue habiendo las mismas o más. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ministro de Cultura daba unas cifras que nos resultaron sorprendentes, porque mostraban los resultados de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) casi como brillantes. Yo, a fecha de hoy, y después de haber compartido mis datos con el resto de asociaciones que integramos La Coalición, puedo asegurar que eso no es así”.
“En las portadas de las páginas denunciadas –asegura Tourné–, encontramos todos los títulos sin excepción que se acaban de estrenar en las salas de cine, y están disponibles para el usuario simplemente con dar a un clic. Y si, en el mejor de los casos, la CPI retira 3 títulos 10 meses después que se haya presentado la denuncia, la eficacia y el impacto es nulo, porque 10 meses después han sido sustituidos por otras muchas películas que se han ido estrenando. Es decir, que si la media de inicio de un expediente es de 9 meses, y la resolución de 12, la eficacia de la CPI es paupérrima”.
“No entendemos a qué viene restringir los objetivos de la CPI a aquellos prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren la derechos de propiedad intelectual de forma “significativa”. Esto es absurdo. ¿Solamente se va a actuar contra los que roban de forma significativa? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que algunos se van a quedar fuera? ¿Y quién determina que el robo o, en este caso, la vulneración de la propiedad intelectual es significativo o no?”.
“¿Es que no se da cuenta el legislador –se pregunta– de que cuando ponemos adjetivos y adverbios a las actividades jurídicas, enredamos enormemente la interpretación de estas leyes y complicamos de forma tremenda la actividad de quienes integran la CPI para que tengan que decir cuándo hay o no vulneración de forma “significativa”?
¿Quiere eso decir que los últimos tres títulos que se estrenan el viernes y se suben a la páginas denunciadas, no supone una vulneración “significativa”? ¿Por qué no se meten a todos? ¿A qué viene tanta restricción? Sencillamente, no lo entendemos. Por eso creemos que estamos todavía muy lejos de un texto que pueda ser eficaz”.
Tourné cree que hay que eliminar “significativamente” y “A gran escala”, otro término ambiguo cuanto menos. ¿Es decir –se pregunta–, si no es “A gran escala” un juez no podrá solicitar información para iniciar un procedimiento para iniciar un proceso civil? Esto no existe en ninguna jurisdicción europea, pero sí en nuestra Ley”.
El Artículo 256, donde se especifica este término, permite que un juez se dirija a un prestador se servicio, como pudiera ser Telefónica, y decirle que existe una demanda de una compañía propietaria de unos derechos de propiedad intelectual contra un cliente suyo por vulneración de la propiedad intelectual, exigiéndole que le facilite sus datos para dirigir la demanda contra ese alguien en concreto.
“El problema –nos aclara Tourné– es que con nuestra Ley parece que deberá demostrarse antes que se trata de un caso de vulneración “A gran escala”. De otra forma no podemos iniciar un procedimiento contra él. Es decir, no podemos identificar a quien sube películas a la red desde distintas IP, hasta que hayamos probado que lo hace “A gran escala”. Mientras tanto, el juez no podrá pedir los datos correspondientes. Esto es absurdo. Con estas ambigüedades, tan difíciles de analizar por un juez, no podremos acabar con la piratería en internet”.
A pesar de estas incoherencias que tanto daño pueden ocasionar a nuestra industria si no se aclaran, el Director General de FAP nos asegura que no se va a rendir. “Afortunadamente hay un trámite parlamentario donde se puede hablar con los diferentes grupos políticos para mejorarla, y de hecho ya estamos en contacto con ellos a través de La Coalición. Parece que alguna sensibilidad sobre lo que estamos diciendo tienen”.
“Lo que ocurre es que los trámites, desgraciadamente, son lentos, y no resulta fácil aprobar una ley que complazca a todo el mundo. Creo que el Gobierno ha intentado hacer las cosas de la mejor manera posible, tratando de conciliar todos los intereses, pero desde nuestra perspectiva sigue fallando en esa conciliación, pues la balanza sigue muy desequilibrada en contra de los derechos de propiedad intelectual. Equilibrar esa balanza entre los derechos de propiedad intelectual, los derechos de los usuarios, de los prestadores de servicio y de las empresas de tecnología de la información y comunicación –concluye el Director General de FAP–, es esencial para que internet funcione”
