La propuesta de la Fiscalía General del Estado de "Tipificar como delito los enlaces sin autorización a contenidos protegidos", ha originado una gran alegría en el sector audiovisual, pues permite pensar igualmente que el próximo Código Penal –que según parece se aprobará en el Consejo de ministros del viernes próximo o en el siguiente– mantendrá en todo su rigor los artículos 270 y 271. Como ya informamos, ambos artículos tipifican como delito punible con cárcel a todos aquellos que con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros, reproduzcan, plagien, o faciliten el acceso, distribuyan o comuniquen públicamente una obra sin la autorización de los propietarios. Esta medida fue anunciada el pasado lunes por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, durante la lectura de la memoria de 2012. 

La propuesta de Torres Dulce choca frontalmente con la circular que emitió en 2006 Cándido Conde-Pumpido –el Fiscal General del Estado de la época de Rodríguez Zapatero–, la cual señalaba que "La conducta que se limita a bajarse de la red una obra para su disfrute personal, no realiza un acto de comunicación sino que se trata de una copia privada sin ánimo de lucro en el sentido estricto de lucro comercial".

Para José Manuel Tourné, Secretario General de FAP (Federación Antipiratería), “Esta circular ha causado mucho daño y sigue haciendo mucho daño todavía a nuestro sector. Es uno de los elementos jurídicos que más han contribuido a demorar la defensa de la propiedad intelectual en los últimos años”. Según hemos podido saber, los infractores de un caso de propiedad intelectual, la han intentado utilizar recientemente para archivar un proceso contra ellos en la Audiencia de Bilbao.

La memoria señala también que “han bajado los delitos contra la propiedad intelectual”. Pero se trata de un error de percepción, pues muchos de los delitos cometidos por los manteros no llegan a los juzgados, ya que se resuelven como juicios de faltas, lo que impide que los fiscales los perciban. En todo caso, la posición de la Fiscalía General del Estado está claramente instalada, por primera vez, en contra de los delitos de propiedad intelectual.

El propio Torres Dulce Durante es un claro defensor de ella como ciudadano y como cinéfilo. No podemos olvidar que durante años compaginó su profesión de fiscal con la de crítico de cine.  Y que antes de ser nombrado Fiscal General del Estado, había colaborado con José Luis Garci, formando parte del consejo de redacción de su revista "Nickel Odeon" y del programa que dirigía en TVE "¡Qué grande es el cine!".